El Gobierno del Estado de Sinaloa denuncia actos de corrupción en la UAS que amenazan la autonomía de la universidad y sostiene que hay diez procesos judiciales abiertos contra altos funcionarios.
Sinaloa, 9 de octubre de 2024.- En un comunicado, el gobierno estatal acusó que los actos de corrupción de funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) son los que realmente violan la autonomía universitaria. Se informa que hay abiertos diez procesos judiciales contra altos funcionarios de la UAS por presunta corrupción que suma un total de 535 millones 784 mil pesos en compras y adquisiciones irregulares, las cuales se realizaron sin la debida licitación.
A raíz de esta situación, varios funcionarios universitarios han sido separados de sus cargos por orden judicial, incluyendo al Rector titular, Jesús Madueña Molina, y al encargado de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero. Estos últimos han argumentado que se trata de una mera “persecución política” por parte del gobierno.
El gobierno actual, que pertenece al partido Morena, también ha llevado su lucha contra la corrupción a los exalcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ambos miembros del mismo partido, quienes han sido suspendidos por incurrir en presuntas irregularidades.
El comunicado destaca que el Gobierno del Estado ha mantenido un respeto hacia las instituciones y ha brindado un apoyo especial al sector de la educación superior. Asimismo, menciona que se han otorgado recursos ordinarios y extraordinarios a la UAS, pero que los funcionarios actualmente bajo procesos penales intentan desviar la atención hacia otros aspectos ajenos a la autonomía de la universidad.
“Contra la corrupción, el gobierno de Sinaloa aplica la Ley por parejo”, reitera el comunicado.
El lunes pasado, la UAS inició un paro laboral indefinido en protesta por la reforma a su Ley Orgánica y la destitución de sus altos funcionarios. Ese mismo día, el encargado del despacho de Rectoría, Candelario Ortiz Bueno, se presentó en Palacio Nacional para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en el conflicto, pidiendo respeto a la autonomía universitaria, justicia presupuestal y el cese de la persecución política.
El día siguiente, Sheinbaum afirmó que se había aceptado una reunión entre autoridades de la UAS y la secretaria de Gobernación para buscar una solución. “Se va a apoyar en lo que se requiera, pero respetamos hasta ahora la autonomía universitaria”, afirmó, añadiendo que no se busca una intervención del gobierno federal en la universidad, sino colaborar para resolver cualquier diferencia.